Fiscalía del Menor recibe alerta por hacinamiento en escuela de surf ilegal en Salinas
En Salinas, paraíso costero y epicentro del surf asturiano, se ha destapado un caso que huele más a marejada que a brisa marina. La Fiscalía del Menor ha recibido una alerta formal por posible hacinamiento de menores en una presunta escuela de surf que operaba al margen de la legalidad. Lo que en apariencia parecía un refugio deportivo, se revela ahora como un foco de irregularidades administrativas y urbanísticas que pone en evidencia la necesidad —urgente, vital, incontestable— de contar con los permisos adecuados antes de levantar cualquier tipo de negocio.
Porque no basta con tener olas, tablas y ganas. Hoy en día, abrir un albergue, una escuela o incluso una simple oficina requiere más que buenas intenciones: requiere una licencia de apertura.
229 metros cuadrados para 71 menores: la cifra que encendió las alarmas
El inmueble, según consta en el informe policial remitido por el Ayuntamiento de Castrillón, tiene 229 metros cuadrados construidos para uso exclusivo de vivienda. Sin embargo, el pasado viernes se identificaron en su interior 71 menores, todos alojados sin control sanitario ni garantía administrativa alguna. Una imagen que evoca hacinamiento, descontrol y una más que preocupante falta de supervisión institucional.
Y no es que el caso surgiera de la noche a la mañana. Ya en julio de 2023, la Guardia Civil abrió expediente tras detectar actividad sin licencia ni declaración responsable de obras. Desde entonces, la trama ha ido creciendo entre advertencias, precintos y resoluciones de alcaldía que han chocado una y otra vez contra el muro de la desobediencia.
Sin licencia, sin registro, sin garantías: un cúmulo de irregularidades
El inmueble en cuestión no cuenta con ningún título habilitante para funcionar como albergue, escuela ni centro de actividad turística o formativa. La única licencia concedida fue para uso residencial. A pesar de ello, se siguió utilizando como alojamiento para menores durante meses, con actividad intermitente, según revelan al menos dos informes de la Policía Local en agosto de 2024.
Tras un aparente cierre en octubre, el edificio volvió a activarse en mayo de este año, desafiando resoluciones previas. Según comunicó la Consejería de Turismo, no hay inscripción del establecimiento en el Registro de Empresas Turísticas. ¿Resultado? Actividad completamente ilegal, contraria a la Ley 7/2001 de Turismo del Principado.
La historia se complica aún más con la negativa de acceso a las autoridades municipales y la versión ofrecida por los responsables: una vivienda cedida por una vecina a una supuesta asociación sin ánimo de lucro. De club deportivo, dicen. Pero los informes oficiales contradicen esa narrativa. Por eso, se ordenó el precinto y corte de suministros, previsto para el 30 de junio, y se puso en marcha un expediente sancionador.
En paralelo, también se ha subrayado la necesidad de regular obras y reformas previas. Cualquier transformación en la naturaleza del inmueble, como convertirlo en alojamiento colectivo, debería haber pasado por la obtención de una licencia obra menor Sevilla o equivalente según la normativa autonómica. Si quieres saber más puedes visitar el blog de licencias.
Una denuncia con vídeo incluido: Fiscalía del Menor toma cartas en el asunto
El Ayuntamiento no se ha quedado de brazos cruzados. Ha enviado un informe detallado —acompañado de un vídeo donde se observa a los menores dentro del recinto— solicitando a la Fiscalía del Menor la adopción de medidas urgentes. Lo hace por la vía penal, para evitar la eternización del proceso contencioso-administrativo que, por sus plazos, podría permitir que la actividad continuara durante toda la temporada estival.
Y es que mientras no exista una orden judicial expresa de desalojo, ni la Policía Local ni la Guardia Civil pueden actuar con fuerza ejecutiva para vaciar el inmueble. El resultado: una especie de limbo legal que mantiene la puerta abierta a nuevas vulneraciones del ordenamiento.
Licencias y legalidad: más que trámites, son garantías
Todo este episodio sirve como ejemplo, como advertencia, como llamada a la conciencia empresarial. Porque abrir una escuela, un campamento o cualquier actividad que implique la participación de menores no puede —ni debe— hacerse sin garantías. Y eso incluye contar con la licencia de apertura correspondiente, realizar una declaración responsable ajustada a la realidad del uso, y tramitar las licencias de obra necesarias antes de ejecutar reformas o cambios de uso.
Saltarse estos pasos no solo es una infracción administrativa; puede derivar en responsabilidades penales, sobre todo si hay menores implicados, como en este caso. Más aún cuando se trata de condiciones de alojamiento que podrían calificarse como insalubres o peligrosas.
Entre la negligencia y la omisión, siempre gana la legalidad
La playa, el surf y la juventud no son excusas para eludir la ley. Cada negocio, desde el más modesto hasta el más ambicioso, necesita sustentarse sobre los pilares de la legalidad. Y eso pasa —irremediablemente— por contar con todos los permisos en regla. No se trata de papeleo; se trata de respeto a la convivencia, a la seguridad y, sobre todo, a los derechos de quienes participan en la actividad, sean clientes o menores bajo tutela temporal.
Por eso, cada vez que alguien nos pregunte si merece la pena tramitar una licencia, no titubeamos: sí, y cuanto antes. Porque más vale un trámite hoy, que un escándalo mañana.
