El Ayuntamiento de Figueres sanciona a dos negocios por incumplir la rotulación en catalán
En Figueres, una ciudad que respira historia, cultura y polémica a partes iguales, la lengua vuelve a ocupar titulares. El Ayuntamiento de Figueres ha impuesto sanciones a dos negocios locales por incumplir la normativa que exige rotular en catalán. La medida, enmarcada dentro de una campaña para reforzar el uso del idioma en el comercio, ha abierto un debate que va más allá de la semántica: ¿hasta qué punto puede el consistorio condicionar la estética y la operativa de un negocio local?
Las multas, que pueden alcanzar los 3.000 euros, no son simbólicas. Afectan a pequeños comercios que, en muchos casos, desconocían el detalle de una normativa que no solo vela por la lengua, sino que también exige el cumplimiento de requisitos administrativos cada vez más complejos: licencias de actividad, licencias de apertura, declaraciones responsables y permisos de obra que deben estar perfectamente alineados con la legislación vigente.
La importancia de estar al día con las licencias de actividad
El caso de Figueres sirve como recordatorio de que en el ecosistema empresarial actual no basta con tener un local bonito o un producto competitivo. Hoy, lo que verdaderamente marca la diferencia es la regularización administrativa. Cualquier negocio —ya sea una panadería, un bar o una tienda de moda— necesita cumplir con una serie de requisitos que van desde la licencia de actividad hasta la correspondiente inspección de seguridad, pasando por la prevención de riesgos laborales o la normativa de accesibilidad.
En este punto, muchos empresarios descubren que la burocracia no entiende de horarios comerciales. Tramitar licencias de apertura no son meros trámites: implica disponer de documentación técnica, proyectos visados y certificados que garanticen que la actividad es segura, legal y compatible con la zona urbana donde se ubica. Quien no lo hace, se expone no solo a sanciones, sino a un cierre temporal o incluso definitivo.
Rotular en catalán: entre la identidad y la imposición
La normativa lingüística en Cataluña obliga a que los rótulos y la información al público estén, al menos, en catalán. El objetivo declarado es preservar la identidad lingüística y garantizar que la lengua catalana tenga visibilidad en el entorno comercial. Sin embargo, la aplicación estricta de esta medida genera fricciones: para algunos empresarios, supone una carga más en un contexto ya saturado de normativas y obligaciones.
En Figueres, la concejalía de Lengua Catalana, encabezada por Josep Maria Bernils, ha sido clara: “No podemos tolerar establecimientos que no utilicen el catalán en su rotulación”. A su vez, desde Urbanismo se recuerda que en el momento de tramitar una licencia de apertura, los titulares reciben la información sobre las obligaciones lingüísticas. Es decir, el incumplimiento no puede alegarse como desconocimiento.
El consistorio ha iniciado una campaña de inspecciones en el centro de la ciudad, donde se detectaron rótulos únicamente en castellano o en árabe. A cambio, se ofrece asesoramiento gratuito a través del Consorcio para la Normalización Lingüística, con el fin de facilitar las traducciones y adaptaciones necesarias.
Más allá del idioma: lo que de verdad puede cerrar tu negocio
Pero el idioma, en realidad, es la superficie de un problema mucho más profundo: la falta de cumplimiento normativo integral. Cada día, decenas de negocios son sancionados en España por irregularidades que nada tienen que ver con la lengua, sino con su estructura legal. No tener en regla una licencia de actividad, por ejemplo, puede acarrear sanciones, suspensión temporal y pérdida de derechos frente al seguro. Lo mismo ocurre si no se presenta una declaración responsable antes de iniciar obras o reformas.
Y es que detrás de la aparente rigidez de la normativa hay una lógica que apunta a la seguridad: evitar incendios, garantizar la habitabilidad, y asegurar que el local cumple con el uso urbanístico asignado. En otras palabras, la licencia de actividad y seguro de responsabilidad civil están conectados de forma directa. Sin la primera, el segundo puede ser inválido, y en caso de accidente, las consecuencias económicas pueden ser devastadoras.
El Ayuntamiento, entre la vigilancia y la pedagogía
Desde el Ayuntamiento, el mensaje es doble. Por un lado, se insiste en que las sanciones no buscan castigar, sino hacer cumplir la ley. Por otro, se pretende ofrecer ayuda y asesoramiento. La campaña de Figueres incluye talleres, guías y sesiones informativas para comerciantes, en colaboración con la Fundación Salud Empordà y el programa “Comercios aprendices”. Su propósito: fomentar el uso natural del catalán en la atención al público y, de paso, acercar a los empresarios a la administración.
No obstante, algunos comerciantes consideran que el Ayuntamiento actúa con un exceso de celo en un contexto económico delicado. Muchos alegan que el problema no es la lengua, sino la maraña burocrática que deben atravesar para mantener su negocio abierto. Entre certificados energéticos, inspecciones sanitarias y trámites urbanísticos, la rotulación se convierte en una preocupación menor.
Cuando una sanción se puede evitar con asesoramiento técnico
Las sanciones de Figueres podrían haberse evitado con una revisión previa de los documentos y permisos necesarios. Es ahí donde entra en juego la importancia de contar con profesionales especializados en proyectos técnicos y licencias de actividad. Ellos no solo tramitan los papeles, sino que asesoran al empresario sobre todos los aspectos normativos, desde la rotulación hasta la insonorización o la seguridad contra incendios.
En un contexto donde cada detalle cuenta, disponer de un expediente en regla puede marcar la diferencia entre abrir las persianas o mantenerlas bajadas por una sanción inesperada. Las licencias no son solo un requisito legal: son la carta de presentación de un negocio ante la administración y una garantía de tranquilidad frente a inspecciones y auditorías.
Rotular sí, pero sin perder de vista lo esencial
El caso de Figueres pone sobre la mesa una cuestión que trasciende el idioma. Cumplir con la normativa lingüística es importante, pero más lo es garantizar que cada negocio esté correctamente autorizado, con su licencia de apertura validada, su licencia de actividad registrada y sus obras declaradas ante el consistorio. En tiempos en los que cualquier detalle puede derivar en una multa o en un cierre temporal, la prudencia administrativa es una inversión, no una carga.
Porque si algo demuestra la realidad empresarial en Cataluña —y en toda España— es que los negocios que sobreviven no son los más grandes, sino los que mejor entienden el lenguaje de la normativa. Y ese idioma, guste o no, no se aprende en la fachada: se aprende en los despachos donde se tramita cada permiso, cada plano y cada firma que da vida legal a una actividad comercial.
