Exigen más inspecciones y multas contra las viviendas turísticas ilegales
En Valencia, como en tantas otras ciudades donde el turismo ha dejado de ser visita para convertirse en fenómeno estructural, la presión vecinal y la inercia política se cruzan en una intersección crítica: la de las viviendas turísticas ilegales. No es un asunto nuevo, ni mucho menos menor. Se trata, como diría cualquier cronista pegado a la calle, de un problema que crece en las grietas de una legislación que avanza a ritmo de expediente, mientras el mercado corre a velocidad de portal inmobiliario.
Una ciudad en disputa: entre el derecho al descanso y la especulación disfrazada de hospitalidad
La queja de los vecinos del Cabanyal-Canyamelar no es un grito aislado. Es el eco de muchas otras voces que reclaman lo mismo: más inspecciones, más multas, más control. Pero sobre todo, reclaman que se garantice lo más básico: que quienes exploten una vivienda con fines turísticos lo hagan con todas las de la ley, es decir, con su correspondiente licencia de actividad.
Porque no, no vale con subir el piso a una plataforma y esperar reservas. La normativa es clara, y más aún el sentido común: si a cualquier restaurante se le exige un permiso para abrir sus puertas, ¿por qué no se aplicaría lo mismo a una vivienda que genera tránsito, molestias y, en muchos casos, alteraciones en la convivencia vecinal?
En este contexto, no es casualidad que aumente el interés por obtener una licencia de apertura en Valencia, ya que tenerla en regla no solo evita sanciones, sino que también aporta una capa de legitimidad ante posibles inspecciones municipales.
Los datos, la transparencia y la responsabilidad institucional
El Síndic de Greuges ha sido contundente: urge publicar el listado de viviendas turísticas con licencia municipal. Porque solo cuando la información se hace pública, se disipa el humo y se hace visible lo que antes operaba en la penumbra. De momento, la respuesta del Ayuntamiento ha sido tibia: que si los datos deben tratarse, que si el proceso informático lleva su tiempo. Pero los vecinos llevan esperando desde febrero.
Y mientras tanto, el vecindario contabiliza, denuncia, recopila documentación. Más de 400 solicitudes, más de 250 expedientes abiertos. Y aún así, el resultado práctico —el que se siente en el portal de casa, en el rellano del tercero— es mínimo. La sensación de impunidad se instala como un inquilino más.
Todo ello pone de manifiesto una cuestión capital: la licencia de actividad para pisos turísticos no es una opción, es una exigencia legal. Y además, es una salvaguarda para los propios propietarios. Operar sin licencia no solo supone una sanción, sino también una posible clausura del negocio.
De ahí que en muchas comunidades autónomas se esté apostando por acelerar los trámites de regularización, como ocurre con la licencia de obra menor, que muchas veces son el primer paso para adecuar una vivienda al uso turístico cumpliendo la normativa vigente.
La vivienda como derecho, no como activo financiero
Detrás del debate sobre las licencias y las inspecciones hay algo más profundo: el acceso a la vivienda como derecho. La proliferación de alojamientos turísticos ilegales tensiona el mercado del alquiler tradicional, reduce la oferta y dispara los precios. Y lo hace en barrios donde hasta hace poco vivir no era un privilegio, sino una opción razonable para miles de familias.
Lo ilegal, además de injusto, es insostenible. Porque cuando se permite que una actividad escape al control administrativo, se está abonando el terreno para una competencia desleal. Y eso lo saben bien los pequeños empresarios del sector que sí cumplen con los requisitos, que sí pagan sus tasas, que sí hacen reformas según marca la ley. Por eso, cada vez más profesionales y propietarios acuden a recursos especializados, como el blog de licencias, para estar al día de los requisitos normativos.
La transparencia como pilar de una ciudad habitable
La exigencia del Síndic no es descabellada. Pedir que el listado de viviendas con licencia se publique no es una petición revolucionaria, es simplemente una cuestión de transparencia. Y la transparencia, en un contexto urbano saturado de tensiones y contradicciones, es la base para una convivencia justa.
Lo que está en juego no es solo el cumplimiento normativo, sino el modelo de ciudad que queremos construir. Una ciudad que priorice el bienestar de sus residentes, que proteja su tejido vecinal, que respete el descanso, la seguridad y la estabilidad de los barrios.
El futuro pasa por más control, más licencias y menos improvisación
Si algo ha demostrado esta situación es que la falta de control genera conflictos. Por eso, es fundamental que las administraciones locales incrementen sus recursos destinados a inspecciones urbanísticas y agilicen los procedimientos sancionadores. No es cuestión de castigar, sino de ordenar.
Ordenar el mercado, proteger al usuario, salvaguardar la esencia de nuestros barrios. Porque cada piso turístico ilegal que opera impunemente no es solo un incumplimiento normativo: es un agravio a quienes sí hacen las cosas bien, y un síntoma de un modelo urbano desequilibrado.
La clave está en actuar con rigor, en aplicar la legislación sin fisuras y en entender que la licencia de actividad no es un papel más, sino el documento que acredita que un espacio cumple los requisitos mínimos para ser habitable, seguro y legal.
Inspeccionar, sancionar y publicar
El Síndic ha hecho su parte: escuchar a los vecinos, analizar los datos y emitir una resolución clara. Ahora es el turno del Ayuntamiento. Publicar el listado no debería ser una tarea titánica. Más bien, una obligación pendiente.
La ciudad no puede seguir permitiéndose vacíos legales en plena crisis de acceso a la vivienda. Tampoco puede permitir que la legalidad dependa de la presión ciudadana. Existen normativas, existen mecanismos de control. Solo falta aplicarlos con convicción.
Y en ese camino, cada inspección cuenta. Cada sanción bien argumentada es un paso hacia la regularización. Y cada licencia concedida bajo los criterios adecuados es una victoria para la convivencia y la legalidad.
