Festival en el Muelle 12 desata otro desencuentro entre el Puerto y el Ayuntamiento de Alicante

Festival en el Muelle 12 desata otro desencuentro entre el Puerto y el Ayuntamiento de Alicante

En Alicante, la pugna entre las administraciones públicas vuelve a ponerse de manifiesto en torno a un asunto tan sensible como las licencias de actividad, esenciales para garantizar el correcto funcionamiento y legalidad de cualquier evento o negocio. En esta ocasión, el epicentro del debate ha sido el Muelle 12, escenario de un festival de música que ha vuelto a enfrentar al Puerto y al Ayuntamiento de la ciudad.

El origen del conflicto: horario de cierre y permisos

El detonante fue la solicitud de los organizadores del Reggaeton Millennial Fest para ampliar el horario de cierre del festival hasta las 02:30 horas, frente a la hora límite de las 00:30 horas fijada inicialmente por la Autoridad Portuaria en el pliego de concesión. El 25 de julio, esta misma autoridad denegó la petición, amparándose en las restricciones establecidas para proteger la convivencia y la movilidad en la zona, más aún teniendo en cuenta que coincidiría con la escala de dos cruceros con cerca de 9.000 pasajeros.

Sin embargo, en un giro inesperado, la Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento concedió el 1 de agosto una licencia de apertura que autorizaba la ampliación horaria requerida, saltándose de facto la limitación establecida por la Autoridad Portuaria. Este acto ha generado un nuevo choque entre administraciones que pone en evidencia la complejidad y la necesidad imperiosa de respetar y coordinar las licencias de actividad y los permisos para festivales y eventos multitudinarios.

La importancia crucial de las licencias de apertura y declaración responsable

En cualquier ciudad, y especialmente en espacios sensibles como el puerto, la correcta tramitación de las licencias de apertura y la declaración responsable son imprescindibles para asegurar la seguridad, el orden público y el respeto a las normativas urbanísticas y medioambientales. Estas licencias no solo establecen horarios, sino que regulan aforos, medidas de seguridad, impacto acústico y accesos, entre otros aspectos.

Este episodio subraya el peligro de emitir permisos sin la coordinación y el reconocimiento de todas las autoridades competentes. La falta de una supervisión integrada puede derivar en conflictos legales y administrativos, además de poner en riesgo la seguridad de los asistentes y vecinos.

Las licencias de apertura no son un mero trámite burocrático: son la herramienta fundamental que garantiza que un negocio o evento cumpla con todas las normativas vigentes, y en un contexto como el del Muelle 12, esta herramienta debe ser usada con rigor y responsabilidad para evitar enfrentamientos y descoordinaciones.

Discrepancias administrativas: entre la competencia y la coordinación

Mientras la Autoridad Portuaria sostiene que la concesión inicial establece claramente el horario máximo para actividades en el recinto portuario, el Ayuntamiento argumenta que la competencia para otorgar licencias de actividad es de su incumbencia. Este conflicto refleja una realidad frecuente en la gestión pública: la superposición de competencias y la falta de comunicación fluida entre organismos.

El Puerto defiende que la concesión limita la actividad a las 00:30 horas, fijando así un marco legal claro, mientras que el Ayuntamiento, con la emisión de la licencia, ha otorgado un permiso excepcional para ampliar dicho horario, lo que según la Autoridad Portuaria vulnera la concesión y genera un precedente preocupante.

Estos desencuentros no solo afectan la organización del festival, sino que también ponen en riesgo la imagen institucional de Alicante y la confianza de promotores y ciudadanos en la gestión pública.

El impacto social y económico del festival y la movilidad en el Muelle 12

El Reggaeton Millennial Fest atrae a miles de asistentes, con una evidente repercusión económica y cultural para la ciudad, pero también con desafíos evidentes en materia de movilidad y orden público. La coincidencia con la llegada de cruceros que descargan miles de pasajeros intensifica la necesidad de un plan de gestión coordinado que contemple todas las variables.

Desde el Ayuntamiento se alertó sobre posibles problemas de movilidad y aglomeraciones, pero la falta de consenso con la Autoridad Portuaria ha dificultado establecer una solución clara y eficaz para ambas partes y para la ciudadanía.

La advertencia de la Autoridad Portuaria y la llamada a la responsabilidad administrativa

En la misma semana del festival, la Autoridad Portuaria ha remitido un escrito al Ayuntamiento solicitando que se abstenga de conceder licencias en suelo portuario sin contar con la acreditación previa y el conocimiento de su administración. Este mensaje pone en relieve la urgencia de establecer protocolos de coordinación que eviten nuevos conflictos y garanticen que la normativa se cumple en su totalidad.

Este caso debe servir de ejemplo y alerta para que, tanto promotores como administraciones, tomen conciencia de la necesidad de respetar las noticias y normativas vigentes, trabajando de manera conjunta para que eventos culturales tan importantes como este se desarrollen con todas las garantías legales y sociales.

Hacia una gestión integrada y respetuosa de licencias y permisos

La polémica en torno al festival en el Muelle 12 vuelve a poner sobre la mesa una cuestión clave para Alicante y cualquier ciudad que aspire a un desarrollo ordenado y sostenible: la importancia de las licencias de apertura, la declaración responsable y el respeto escrupuloso a las normativas vigentes, tanto para negocios como para eventos culturales.

Es imprescindible que el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria logren un consenso firme que permita conjugar la promoción cultural y económica con la protección del espacio público y la seguridad ciudadana. Solo así se evitarán conflictos que dañan la imagen institucional y ponen en riesgo la viabilidad de futuros proyectos.

Desde un enfoque profesional y responsable, las licencias y permisos deben entenderse no como obstáculos, sino como herramientas imprescindibles para garantizar un desarrollo ordenado y respetuoso con el entorno y los derechos de todos los ciudadanos.