La burocracia también arde: tasas municipales y la factura que nadie pidió.
A veces, las administraciones públicas tienen un talento especial para rozar el esperpento sin despeinarse. Y no porque falten asuntos importantes que atender, sino porque lo accesorio, cuando viene envuelto en papel timbrado, se convierte en prioridad absoluta. En Benalmádena, uno de los destinos más codiciados por turistas y jubilados, ha saltado una chispa que amenaza con incendiar algo más que un contenedor: el sentido común.
Y es que, señores, el Ayuntamiento ha aprobado una ordenanza fiscal que permite cobrar a ciudadanos, empresas y aseguradoras por los servicios del cuerpo de bomberos. Léase bien: si ocurre una emergencia y acuden los profesionales a apagar el fuego, retirar un árbol o rescatar a un gato con ínfulas de equilibrista, la intervención tendrá un coste. Lo que antes era servicio público, ahora se cotiza. Y no barato.
Tasas por apagar incendios: la letra pequeña que quema
Este documento oficial, redactado con la precisión quirúrgica de quien sabe que el diablo está en los detalles, establece tarifas que oscilan entre los cientos y los miles de euros, dependiendo del tipo de actuación, los medios movilizados y la duración del servicio. Todo perfectamente tasado: desde el uso de escaleras mecánicas hasta el tiempo de los operativos, pasando por el consumo de material y los riesgos asumidos.
Y sí, estimado lector, si el camión de bomberos llega a su calle y despliega mangueras, luces y efectivos, usted podría encontrarse días después con una notificación de pago que, lejos de ser una medalla al civismo, es un sablazo administrativo en toda regla.
¿Quién paga la fiesta?
Aquí viene el giro de guion digno de una obra de Valle-Inclán. El consistorio asegura que estas tasas no van dirigidas a la ciudadanía, sino a empresas negligentes, promotores de eventos sin medidas de seguridad o aseguradoras con pólizas generosas. Pero en el artículo octavo de la ordenanza, ese que no sale en las notas de prensa, se abre la puerta a que cualquier persona física pueda ser destinataria de la factura, si no se logra identificar a un tercero como responsable.
Y es en ese momento cuando uno se acuerda de que la prevención, más que una recomendación, se convierte en necesidad. El precio extintor 6 kg aparece en escena no como un accesorio, sino como salvavidas económico. Porque si por un pequeño incendio doméstico se activan protocolos y se mueve un operativo, quizá gastar 40 euros antes sea mejor que pagar 1.200 después.
El extintor: el nuevo imprescindible del hogar
No hablamos solo de oficinas, garajes comunitarios o locales comerciales. La nueva realidad empuja a los ciudadanos a replantearse su relación con la seguridad. Tener un extintor en casa deja de ser una excentricidad para convertirse en una estrategia de ahorro. Porque donde antes había un número de emergencia gratuito, ahora hay un tarifario oficial que no distingue entre responsabilidad y mala suerte.
Y mientras los técnicos municipales defienden la medida como «necesaria para garantizar la sostenibilidad del servicio», muchos vecinos sienten que se les cobra por respirar. Por existir. Por tener la mala fortuna de vivir en un edificio donde, un día cualquiera, se active una alarma.
Más info sobre extintores ABC y la responsabilidad ciudadana
Se necesita más info sobre extintores ABC, porque frente a esta situación, la información se convierte en poder. Conocer las características, usos y mantenimiento de los extintores tipo ABC es fundamental para evitar males mayores. Este tipo de extintor, apto para fuegos de origen sólido, líquido o eléctrico, es el más versátil y recomendado para entornos domésticos.
Saber utilizarlo, revisarlo cada cierto tiempo y tenerlo a mano puede significar la diferencia entre una anécdota y una tragedia… o entre una intervención gratuita y una factura de varios ceros. Y no exageramos: la ordenanza estipula que la hora de intervención de un vehículo autobomba cuesta 295 euros, a lo que hay que añadir 38 euros por hora y por bombero. Eche cuentas.
¿Estamos privatizando lo público sin decirlo?
Se podrá maquillar como “actualización normativa”, “instrumento fiscal” o “herramienta de compensación”, pero la realidad es otra: se está desdibujando la línea entre lo público y lo privado. Y lo que debería ser parte del contrato social —la protección ante emergencias— ahora se cotiza al alza, como si de una suscripción premium se tratase.
¿Quién garantiza que mañana no se cobren las ambulancias? ¿O la atención en situaciones de riesgo climático? La pendiente es resbaladiza, y Benalmádena se ha colocado en la primera curva sin freno de mano.
Cuando las emergencias tienen precio, la prevención es vital
Ante este panorama, la reacción lógica y racional del ciudadano no debe ser resignarse, sino actuar. Prevenir, informarse, y equiparse. Invertir en seguridad, sí, pero también en claridad. Saber qué cubre su seguro, qué puede exigir y qué derechos le amparan en caso de una intervención.
Mientras tanto, conviene recordar que la administración, por mucha tinta oficial que use, no puede convertir un servicio esencial en un producto a la carta. Porque los incendios no avisan, pero la factura sí llega. Y lo hace sin pedir permiso.
