Revisión de extintores en el Ayuntamiento de Melilla: seguridad en riesgo.
El reciente episodio en el Ayuntamiento de Melilla ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de contar con cada extintor en perfecto estado de funcionamiento. Un vídeo grabado el pasado 22 de agosto por el diputado Amín Azmani reveló la falta de revisiones en los equipos de protección contra incendios durante más de dos años. Este incumplimiento directo del Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) expone a trabajadores y visitantes a riesgos evitables, generando preocupación ciudadana y cuestionamientos sobre la gestión institucional en materia de seguridad.
El extintor no es un accesorio opcional
El extintor no es un accesorio opcional: se trata de un dispositivo de respuesta inmediata que puede evitar la propagación de un fuego y proteger tanto la vida de las personas como el patrimonio público. Detectar que su mantenimiento estaba caducado refleja un descuido inaceptable que exige medidas inmediatas y preventivas.
Más allá de la venta de extintores: la responsabilidad del mantenimiento
El caso pone en evidencia que la simple venta de extintores no asegura la protección contra emergencias. El verdadero valor de estos equipos reside en su mantenimiento periódico, instalación correcta y ubicación estratégica, condiciones indispensables para garantizar su eficacia en el momento crítico.
El diputado Azmani, al registrar el estado de los equipos, constató que no solo habían superado su fecha de inspección en 2023, sino que además se encontraban en lugares inadecuados y con señalización deficiente. Estas irregularidades representan un incumplimiento grave de las normas establecidas y, al mismo tiempo, un riesgo directo en caso de siniestro. Comprar equipos sin garantizar su revisión periódica equivale a dejar a una comunidad indefensa frente a un posible fuego.
Un incendio sin prevención: el verdadero peligro
La negligencia en el mantenimiento de estos equipos podría derivar en un incendio de grandes proporciones dentro del Palacio de la Asamblea. La falta de inspecciones, sumada a la ausencia de señalización y a la mala ubicación de los dispositivos, comprometería gravemente la capacidad de respuesta en los primeros minutos, momento crucial para controlar un siniestro antes de que se desate por completo.
El Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios establece que los extintores deben revisarse visualmente cada tres meses, pasar una revisión técnica anual y ser sometidos a una recarga completa cada cinco años. No cumplir con este calendario no solo es una infracción legal, sino una amenaza directa a la integridad de quienes ocupan el edificio. El incendio es un riesgo constante y, sin las medidas adecuadas, las consecuencias pueden ser irreversibles.
La denuncia y la reacción inmediata del Gobierno local
El vídeo grabado por Azmani en el Palacio de la Asamblea ni siquiera fue difundido públicamente. Sin embargo, su mera existencia fue suficiente para que el Gobierno local actuara de manera inmediata, iniciando una inspección a fondo de los equipos de protección contra incendios.
Somos Melilla manifestó su satisfacción por la rápida reacción del Ejecutivo, aunque dejó claro que este tipo de actuaciones deben convertirse en una práctica estable y no en una respuesta puntual. La organización política exige:
- La actualización de los certificados de todos los equipos.
- La corrección inmediata de las ubicaciones erróneas.
- La colocación de la señalización reglamentaria.
- La publicación de un calendario oficial de revisiones periódicas.
El propio Azmani declaró que “el simple rodaje, sin ni siquiera difundirlo, ha sido suficiente para poner en marcha la revisión completa del edificio”. Una frase que refleja la falta de supervisión previa y la necesidad de una vigilancia constante.
Una negligencia calificada como gravísima
Durante la inspección improvisada realizada en la grabación, se identificaron tres fallos principales:
- Extintores caducados que debieron pasar revisión en 2023.
- Ubicaciones incorrectas que impedían un acceso rápido en caso de emergencia.
- Ausencia de señalización clara, lo que dificultaría la localización de los equipos en un momento de urgencia.
Cada una de estas deficiencias, por sí sola, representa una vulnerabilidad en el sistema de protección. En conjunto, configuran un escenario crítico que, de haberse producido un incendio, habría tenido consecuencias desastrosas.
El papel de Somos Melilla en la fiscalización ciudadana
El grupo político Somos Melilla no solo denunció la situación, sino que también reafirmó su compromiso de ejercer un control constante para garantizar que el Ayuntamiento cumpla de forma sistemática con el RIPCI. Según el propio Azmani, la obligación de una administración es proteger a su personal y a los ciudadanos frente al fuego, no dejar la seguridad en manos de la improvisación o la denuncia.
La vigilancia ciudadana se convierte así en un motor de cambio, capaz de generar respuestas inmediatas y de promover una cultura preventiva que, hasta ahora, no parecía prioritaria en el Palacio de la Asamblea.
Una lección para instituciones y empresas
Lo sucedido en Melilla es un recordatorio para todas las instituciones públicas y privadas: el incumplimiento de las normas de seguridad contra incendios puede derivar en tragedias evitables. Los extintores deben estar correctamente instalados, revisados en tiempo y forma, y acompañados de señalización visible y clara.
No basta con adquirir equipos; la seguridad exige un compromiso integral que abarque la planificación, el mantenimiento y la supervisión constante. Cada edificio, desde una sede gubernamental hasta una pequeña empresa, debe entender que la prevención salva vidas y protege bienes.
Proteger a la ciudadanía es una obligación
El caso del Ayuntamiento de Melilla refleja la urgencia de garantizar sistemas de protección contra incendios funcionales y actualizados. La rápida actuación del Gobierno local tras la denuncia es positiva, pero no puede quedar en un hecho aislado.
La seguridad de trabajadores, funcionarios y visitantes depende de que los extintores estén operativos en todo momento. Un solo descuido puede traducirse en pérdidas humanas y materiales. Cumplir con el RIPCI no es un trámite burocrático, es una responsabilidad ética y legal que ninguna institución puede pasar por alto.
La prevención es la clave para evitar desastres, y la lección que deja Melilla debe extenderse a todo el país: la seguridad frente al fuego comienza con la correcta instalación y mantenimiento de los equipos, acompañados de una vigilancia constante que asegure su eficacia.
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