El TSJ andaluz investiga fallos en la seguridad contra incendios de un centro de menores.La batalla judicial que pone bajo análisis las medidas de protección de un centro de internamiento en Málaga.
La incertidumbre de una comunidad de propietarios comenzó cuando sus representantes decidieron acudir a los tribunales al considerar que un edificio situado en Málaga presentaba deficiencias que podían afectar a la seguridad contra incendios. Frente a ellos, la administración y la entidad responsable del inmueble defendieron que las instalaciones cumplían con los requisitos exigidos, dando lugar a una disputa técnica que ahora analiza el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El TSJ de Andalucía analiza las medidas cautelares tras las denuncias sobre el centro de menores
El procedimiento contencioso-administrativo ha llevado al TSJ Andalucía centro de menores a estudiar las medidas cautelares solicitadas por la parte denunciante, que reclamaba la suspensión de la actividad mientras se aclaraban las supuestas irregularidades recogidas en un informe pericial. La Sala, por el momento, ha rechazado ordenar el cierre inmediato del edificio al considerar que no existen elementos suficientes para adoptar esa decisión en esta fase del proceso.
La resolución judicial no determina todavía si las deficiencias señaladas existen realmente. El Tribunal indica que será durante el procedimiento principal cuando se analicen todas las pruebas aportadas por las partes y se establezca si las instalaciones presentan incumplimientos de la normativa aplicable.
Un informe técnico señala problemas en las vías de evacuación del edificio
El informe incorporado al expediente judicial centra una parte importante de sus conclusiones en los recorridos de evacuación. Según la documentación aportada, algunas zonas del inmueble superarían las distancias máximas establecidas en el Documento Básico de Seguridad en caso de Incendio del Código Técnico de la Edificación.
El análisis pericial apunta que determinados trayectos podrían exceder varios metros los límites permitidos, una circunstancia que, según el documento, tendría relevancia en una situación de emergencia donde la rapidez de salida resulta determinante.
Otro de los aspectos revisados por el informe hace referencia a las escaleras utilizadas para evacuar las distintas plantas. El perito sostiene que estos elementos podrían no contar con la compartimentación necesaria para considerarse protegidos, lo que podría favorecer la transmisión de humo y gases calientes entre niveles del edificio.
Las instalaciones contra incendios quedan bajo revisión judicial
Dentro del expediente también se analizan los medios materiales destinados a actuar frente a un posible fuego. El informe cuestiona diferentes elementos de la instalación y señala que algunos equipos podrían no ajustarse a las exigencias técnicas previstas para el uso del edificio.
En este apartado aparecen mencionados los extintores como uno de los puntos revisados por el peritaje. Según el documento presentado ante el Tribunal, existirían zonas donde la ubicación de estos equipos no permitiría garantizar una cobertura adecuada, debido a que algunas dependencias superarían las distancias máximas hasta el dispositivo más cercano.
La documentación técnica también plantea dudas sobre la justificación de determinados sistemas instalados en el inmueble. Entre las cuestiones señaladas figuran la ausencia de algunos cálculos, planos y certificados que deberían acompañar a la documentación presentada durante la tramitación administrativa.
Las Bocas de Incendio Equipadas centran otra de las reclamaciones
La red hidráulica del edificio es otro de los elementos incluidos en la controversia. El informe pericial recoge observaciones relacionadas con las Bocas de Incendio Equipadas y con la documentación necesaria para acreditar su correcto funcionamiento.
En concreto, las BIE son objeto de análisis por posibles deficiencias relacionadas con la cobertura de determinadas zonas, la ausencia de cálculos hidráulicos y la falta de documentación justificativa sobre las características de la instalación. Estas cuestiones forman parte del conjunto de pruebas que deberán valorarse durante el proceso judicial.
La Comunidad de Propietarios sostiene que estas circunstancias podrían afectar a la capacidad de respuesta inicial ante una emergencia, mientras que los informes aportados por la administración y la entidad gestora mantienen una interpretación diferente sobre el cumplimiento de las exigencias técnicas.
El debate sobre la documentación presentada ante la administración
Además de los elementos físicos del edificio, el procedimiento judicial pone el foco en los documentos aportados para justificar la adecuación del inmueble. El informe pericial señala la falta de determinados anexos técnicos que considera necesarios para acreditar el cumplimiento de las condiciones exigidas.
Entre la documentación cuestionada se encuentran memorias de cálculo, planos de instalaciones, justificantes sobre caudales y presiones de las redes, así como otros documentos relacionados con las exigencias municipales en materia de protección contra incendios.
También se menciona la ausencia del informe del Servicio Municipal de Extinción de Incendios y Protección Civil, cuya necesidad deberá determinarse durante el análisis completo del expediente.
Un proceso judicial que mantiene abierta la disputa técnica
La decisión del TSJ de Andalucía no supone el cierre del conflicto, sino una espera hasta que finalice el análisis de fondo. La Sala considera que existe una controversia técnica compleja en la que ambas partes presentan argumentos e informes contradictorios.
Durante esta fase, el Tribunal entiende que no se han acreditado circunstancias suficientes para aplicar una medida cautelar de suspensión de la actividad. La resolución recuerda que este tipo de decisiones requieren una valoración especialmente rigurosa cuando afectan al funcionamiento de un edificio.
Dentro de los elementos debatidos también figura la adecuación de un extintor concreto dentro del conjunto de medios disponibles en el inmueble, aunque será la prueba técnica definitiva la que determine si las instalaciones cumplen o no con los requisitos establecidos por la normativa vigente.
La sentencia definitiva será la encargada de resolver las dudas
El procedimiento continuará hasta que la autoridad judicial valore todos los informes, alegaciones y pruebas presentadas por las partes implicadas. Hasta entonces, las conclusiones del peritaje forman parte únicamente de una reclamación pendiente de resolución.
El caso refleja una disputa centrada en la interpretación técnica de las condiciones de seguridad de un edificio y en la necesidad de determinar si las instalaciones existentes se ajustan a las obligaciones administrativas exigidas.
La resolución final del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía establecerá si las deficiencias denunciadas tenían fundamento y qué consecuencias, en su caso, podrían derivarse para las actuaciones realizadas sobre el inmueble.
