Palma endurece el control sobre las viviendas turísticas ilegales y blinda el modelo urbano. Un nuevo escenario regulatorio para el alquiler turístico en Palma.
La ciudad de Palma afronta un momento decisivo tras confirmarse que un tercio de la oferta de viviendas turísticas opera fuera de la legalidad y que únicamente 14 inmuebles cuentan con licencia temporal vigente. Esta realidad ha llevado a la Gerencia de Urbanismo a aprobar una modificación clave del Plan General, mediante la cual se prohíbe de forma total la creación de nuevas plazas de alquiler turístico en todo el municipio. La decisión, respaldada por los votos de PP, PSOE y Més y la abstención de Vox, responde a la necesidad de frenar el crecimiento descontrolado de esta actividad y proteger la convivencia vecinal, el acceso a la vivienda y el equilibrio urbano.
El informe técnico que sustenta la medida se apoya en datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y del Consell de Mallorca, dejando claro que existe una brecha significativa entre la oferta comercializada y la realmente autorizada. Palma pasa así a considerarse zona no apta para nuevas altas de viviendas turísticas, marcando un punto de inflexión en la política municipal en materia de alojamiento.
Diagnóstico técnico: cifras que explican la decisión
Según los registros oficiales, en 2025 se contabilizan 954 viviendas turísticas anunciadas, mientras que solo 632 cuentan con licencia vigente, lo que confirma que una de cada tres viviendas no está legalmente autorizada. A esto se suma que el 24 % de las plazas legales se ubican en áreas actualmente excluidas, lo que implica que, de solicitarse hoy, no obtendrían permiso.
Este diagnóstico ha llevado al Ayuntamiento a adoptar una postura firme y sin ambigüedades: no habrá excepciones, zonas grises ni ampliaciones futuras. Además, se impide la renovación de las licencias temporales no permanentes, una figura residual que afecta únicamente a 14 inmuebles, pero que suponía un resquicio normativo para el crecimiento indirecto de plazas.
Seguridad y equipamiento obligatorio en viviendas de uso turístico
En el marco del endurecimiento normativo, la seguridad interior de las viviendas turísticas cobra un papel central. La legislación vigente exige que estos inmuebles dispongan de equipamiento básico de protección contra incendios y primeros auxilios, siendo imprescindible contar con extintor y botiquin homologados, accesibles y correctamente señalizados.
Este requisito no es meramente formal: garantiza una respuesta inmediata ante emergencias, protege tanto a huéspedes como a propietarios y reduce riesgos legales derivados de inspecciones o sanciones. La ausencia de estos elementos puede derivar en multas, suspensión de la actividad o retirada de la licencia, especialmente en un contexto de control reforzado como el actual en Palma.
Exigencias específicas para cada alojamiento turístico
Cada piso destinado al alquiler turístico debe cumplir con parámetros técnicos concretos en materia de prevención de incendios. El extintor piso turistico debe ser adecuado al tipo de riesgo, estar en perfecto estado de mantenimiento y colocado en un punto visible y de fácil acceso.
Las inspecciones municipales y autonómicas verifican aspectos como fecha de revisión, capacidad del extintor, señalización y accesibilidad, por lo que no basta con instalarlo: es imprescindible mantenerlo conforme a la normativa. En el escenario actual, donde la administración ha anunciado una actuación “implacable” contra la oferta irregular, cualquier incumplimiento puede acelerar la pérdida de la autorización.
Tipos de extintores recomendados para viviendas turísticas
Contar con más info sobre extintores ABC es clave. Entre los sistemas más recomendados para viviendas turísticas se encuentran los extintores ABC de polvo, debido a su versatilidad frente a fuegos sólidos, líquidos y gaseosos. Estos dispositivos ofrecen una alta eficacia en espacios residenciales, donde pueden coexistir distintos focos de riesgo como cocinas, instalaciones eléctricas y sistemas de climatización.
Los extintores ABC destacan por su rápida acción, fácil manejo y cumplimiento de los estándares europeos, convirtiéndose en una solución idónea para propietarios que buscan seguridad, legalidad y tranquilidad. Su correcta instalación y mantenimiento periódico no solo es una obligación normativa, sino una medida preventiva clave en un entorno urbano densamente poblado como Palma.
Impacto urbano y convivencia vecinal
La prohibición del alquiler turístico no responde únicamente a una cuestión administrativa. Desde el Ayuntamiento se subraya que esta actividad afecta directamente a la convivencia en barrios y comunidades de vecinos, generando problemas de rotación constante, ruidos, uso intensivo de servicios comunes y pérdida de identidad residencial.
Con esta modificación del Plan General, se abre la puerta a un decrecimiento progresivo del número de plazas, a medida que se produzcan bajas definitivas de licencias. La estrategia busca blindar a Palma frente a incrementos indirectos derivados del PIAT insular, asegurando que la ciudad no vuelva a experimentar un crecimiento descontrolado del alojamiento turístico.
Refuerzo de la inspección y lucha contra la ilegalidad
La nueva Oficina de Antiokupación y el convenio entre Ajuntament y Consell han permitido asignar inspectores específicos para combatir la oferta ilegal. Aunque actualmente son dos los técnicos dedicados a esta tarea, el mensaje institucional es claro: la persecución del alquiler ilegal es una prioridad estratégica.
Las sanciones, cierres y retiradas de licencia se integran en una hoja de ruta a medio y largo plazo, donde la legalidad, la seguridad y el equilibrio urbano se sitúan como ejes fundamentales de la política municipal.
Tramitación y próximos pasos administrativos
La modificación aprobada deberá superar aún la junta de gobierno, el pleno municipal y un periodo de alegaciones de 30 días. Una vez incorporadas las observaciones pertinentes, el texto regresará al pleno para su aprobación definitiva, consolidando un marco normativo más restrictivo y claro.
Actualmente, Palma cuenta con 4.473 plazas legales distribuidas en 632 inmuebles, cifras que previsiblemente no aumentarán y tenderán a reducirse con el paso del tiempo. Este escenario obliga a propietarios y gestores a extremar el cumplimiento normativo, especialmente en aspectos de seguridad, licencias y uso efectivo del inmueble.
Un modelo urbano más sostenible y controlado
Con esta decisión, Palma avanza hacia un modelo urbano que prioriza el derecho a la vivienda, la convivencia y la seguridad, dejando atrás años de crecimiento acelerado del alquiler turístico. La combinación de prohibición de nuevas plazas, control exhaustivo y exigencias técnicas claras redefine el futuro del alojamiento turístico en la ciudad.
La adaptación a este nuevo marco no es opcional. Cumplir la normativa, garantizar la seguridad y operar dentro de la legalidad se convierten en condiciones indispensables para cualquier actividad vinculada al alquiler turístico en Palma.
